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Ciencia

Universidades en la mira

Por Susana Klinkicht

susanak@hoy.com.ec

El presidente Rafael Correa atacó la semana pasada a las universidades en su propia casa. Invitado a un seminario sobre desarrollo, el mandatario arremetió, como es su costumbre, en términos generales contra todo el sistema universitario. Con esto, está logrando acorralar a un estrato de la sociedad con un gran potencial de protesta. Desprestigió a aquellos que podrían tratar de hacerle calor, luego de que los ha maltratado donde más duele, en el presupuesto. Dijo que el Estado invierte en las universidades $ 400 millones al año, el doble de lo que gasta en la educación primaria, que se considera fundamental para el desarrollo y que, además, llega a muchísimas más personas.

Hay que admitir que Correa tiene razón cuando resalta que, incluso en ciudades como Cuenca, cuyas universidades se jactan de estar entre las primeras en iniciar el proceso de certificación, de 100 bachilleres, 17 se matriculan en una universidad y solamente tres se gradúan. El presidente ha gritado a todos los vientos una vergüenza que se pretendía mantener en secreto, mientras se trataba con medios bastante dudosos de remediarla. Para aumentar la cifra de graduados, hoy hay cursos rápidos, que cuestan dinero adicional, para conseguir el certificado de manera más cómoda. También fue correcta la sentencia de Correa de que este país no tolera la apertura de una sola universidad más, mientras el sistema no haya sido totalmente reformado. Las cifras que presentó -70 universidades, 300 extensiones universitarias, 40 nuevas universidades en carpeta y más de 350 institutos técnicos superiores, para un país de 13 millones de habitantes- no aguantan comparación alguna.

El presidente se pronunció en favor de exámenes de ingreso y explícitamente en contra de confundir la igualdad de oportunidades con dejar entrar sin tamiz a malos bachilleres pobres de colegios también malos en razón de una democracia mal entendida.

Sería injusto decir que no haya planteado soluciones. Habló del mejoramiento de la educación secundaria, la capacitación y evaluación de los profesores, la acreditación de las universidades. También exigió una nueva Ley de Educación Superior que “defina adecuadamente la autonomía universitaria”. Es aquí donde hay que parar las orejas. Si el diagnóstico sirve para una drástica intervención del Estado a través del presupuesto, las reformas podrían ser un pretexto para terminar con las universidades como un lugar en el que se ubican por excelencia la libertad, la reflexión, la crítica y la responsabilidad social. No se trata de producir solo técnicos expertos con capacidades orientadas a demandas coyunturales del mercado laboral. La independencia debe primar sobre las normas. Nada se podría decir, en cambio, contra un sistema de financiamiento para las universidades en el que los fondos asignados aumenten en proporción al número de ciclos que los estudiantes aprueben y al porcentaje de graduaciones. O que esté en relación con los proyectos estratégicos, innovaciones o la investigación que realicen las universidades, lo que debería ser objeto de acuerdos entre cada universidad y el Estado.

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