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Gabriela Calderón

El derecho a la privacidad

Gabriela Calderón

¿Qué tienen en común un empresario venezolano, un comerciante en la República Democrática del Congo, un judío en el Medio Oriente o en la Alemania nazi, cualquier persona emprendedora en Haití, una familia en Zimbabue, un activista de derechos humanos en Turkmenistán o un homosexual en Arabia Saudita? Que todos recurren (o recurrieron o recurrirían) a la privacidad de los centros financieros offshore para proteger su patrimonio y sus activos de regímenes opresores. Y es que una de las principales protecciones que los individuos tenemos de nuestra libertad individual es nuestra privacidad.

Históricamente los centros financieros offshore han jugado un papel importante en proteger a las minorías oprimidas por regímenes totalitarios. Las leyes fiscales de Suiza siempre han protegido la privacidad financiera e inclusive las fortalecieron en 1934 luego de que una Alemania nazi pretendió imponer leyes de divulgación de información de las cuentas de los alemanes judíos en los bancos suizos. De esta manera, Hitler pretendía evitar que los judíos protegieran sus activos.

La clase política de nuestro país desde hace mucho se ha caracterizado por utilizar la maquinaria fiscal para realizar persecuciones políticas. El actual Gobierno continúa esa desafortunada tradición. Una muestra de esto son las ocasionales menciones del Presidente del Impuesto a la Renta que pagó determinado ciudadano el año anterior. No es casualidad que los que suelen ser mencionados sean opositores del régimen.

En el caso de los ecuatorianos, el derecho a no declarar el patrimonio de uno expatriando parte de este a un centro financiero offshore también nos protege de una probable confiscación de dólares (léase de nuestros ahorros) así como también de las muy probables devaluaciones si fuésemos a volver a aquellos tiempos de moneda Nacional.

Legislar y gobernar presumiendo que todo ciudadano ecuatoriano es culpable de enriquecimiento indebido antes de demostrar lo contrario, es una receta para una sociedad llena de individuos que le temen al poder. Y en una sociedad libre, es al revés: el gobierno le debe temer a los ciudadanos.

Se dice que la declaración patrimonial es necesaria para declarar fortunas mal habidas. Pero demandar esto de cada ciudadano abre las puertas a que se viole el debido proceso. En un país civilizado, normalmente uno está sujeto a una pesquisa cuando un juez da la autorización a las autoridades policiacas que fundamentan una “causa probable” de que uno haya cometido un delito. ¿Acaso el Gobierno ha fundamentado que todos los ecuatorianos que tienen un patrimonio de más de 100.000 dólares (o más de 200.000 dólares en sociedad conyugal) probablemente se han enriquecido ilícitamente?

Pero este no es un país donde el gobierno presume la inocencia del ciudadano antes de demostrar lo contrario.

Lo más triste es que, como el instinto natural de cada ser humano es protegerse de potenciales agresiones, muchos ecuatorianos, en aras de proteger su libertad, optarán por no declarar o por no acumular patrimonio por encima de 100.000 dólares. Muchos elegirán alquilar una casa en lugar de comprarla y mantendrán sus ahorros, si pueden, en lugares como Panamá, Miami o Suiza. Así se continuará espantando el capital de nuestro país y evitando la acumulación de capital, esencial para el desarrollo de nuestro país.

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