//
estás leyendo...
Editorialistas de Ecuador

Economía y poder político

La planificación estatal que provocará efectos determinantes sobre los sectores de la economía y de la sociedad, no se vota.

Por Fabián Corral B.

El proyecto de Constitución se caracteriza, en buena medida, por: privilegia a la política y a la ideología y las convierte en los argumentos fundamentales de la vida social; lo colectivo se superpone a lo personal; el Ejecutivo domina sobre las demás funciones del Estado; y, la economía es un subalterno departamento de la planificación. Hay que identificar, entonces, cuáles son los instrumentos que sugiere el proyecto para condicionar y dirigir a la sociedad.

I.- La “ideología” del buen vivir.- La economía, la vida social, la educación, la planificación, la administración de justicia, etc., están referidas y vinculadas al “buen vivir”, una suerte de “ideología” bastante nebulosa e indeterminada aún, inspirada, según se dice, en las cosmovisiones de grupos y tribus amazónicas, que en síntesis, propone “no vivir mejor que el otro, sino vivir igual que los demás”, que apunta, por tanto, a un radical igualitarismo, y que condena explícitamente el desarrollo económico entendido como crecimiento, la competencia y la globalización, la iniciativa y la superación individual; que somete al grupo; que plantea, en suma, la aplicación de los códigos de pequeñas comunidades indígenas al país todo.

La economía debe servir al buen vivir e imperativamente debe descalificarse a toda otra posibilidad que escape a sus reglas. El art. 275 del proyecto dice que “el régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales que garantizan la realización del buen vivir…”. El art. 276 señala que el régimen determinado por el buen vivir implica la construcción de un sistema económico basado en la “distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo y de los medios de producción”. El art. 277 dispone que el buen vivir impone “dirigir, planificar y regular el desarrollo”.

El art. 319 dice que “El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos…” . Aclaro que el buen vivir no es el “bien común”, concepto tradicional de la ciencia política. El “buen vivir” -noción muy subliminal, por cierto- es una ideología que no se conoce en su integridad, a medio camino entre el colectivismo y la antropología. El Estado podrá, a su juicio y en su nombre, prohibir las  formas de producción que no concilie con esas ideas.

II.- La fuerza determinante de la planificación.- Si bien el proyecto dice que la planificación es obligatoria para  el sector público  e indicativa para el privado, sin embargo, la lectura del texto deja concluir que es tal su presencia y su fuerza que suplantará a libertad de elección, condicionará la propiedad y la industria y modulará el comercio y las relaciones internacionales. La planificación estatal es la atmósfera que satura a la propuesta. La planificación determinará la producción, condicionará la distribución de bienes y servicios, inspirará las políticas de todo orden, etc. (art. 281). En virtud de la planificación “el Estado normará el uso y acceso a la tierra” y según la planificación se hará la distribución de la tierra productiva, que conformará “un fondo nacional de tierras” (art. 282).

La planificación, inspirada en la ideología del buen vivir, está detrás de la política tributaria, monetaria, cambiaria, crediticia, financiera, fiscal, comercial, etc. Será, pues, el hilo argumental de la economía.

III.- Sectores estratégicos y empresas públicas.- En el proyecto, el Estado planifica, gestiona, interviene; es propietario, regulador y empresario. Puede incluso “…regular, controlar e intervenir, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas”. (art. 335) Obsérvese que la facultad es  discrecional, lo que concuerda con el concepto las “políticas estatales” que el proyecto usa con frecuencia, que consisten en actos de poder  bastante discrecionales que empleará la planificación para imponerse sobre la economía y la sociedad, actos de poder que, probablemente, estarán exentos de los límites de la legalidad.

Aspecto fundamental es el de la reserva a la gestión estatal de los sectores estratégicos de la economía, que son aquellos que “…por su  trascendencia y magnitud tiene decisiva influencia económica, social, política o ambiental…” (art. 313). Se califican como tales a la energía, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, los hidrocarburos, la biodiversidad, el espectro radio eléctrico, el agua “…y los demás que determine la ley” (art. 313).

Los servicios de agua potable y riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, puertos y aeropuertos “…y los demás que determine la Ley.” son de responsabilidad exclusiva del Estado. La prestación se hará a través de empresas públicas controlada por el propio Estado. Los excedentes que ellas produzcan se transferirán al Presupuesto General. Solo en forma excepcional se podrá delegar la prestación de tales servicios  a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria (art. 316)

IV.- La planificación no se vota.- La planificación estatal que provocará efectos determinantes sobre los demás sectores de la economía y de la sociedad, no se vota, no es susceptible de elección por la comunidad. Depende exclusivamente del Consejo Nacional de Planificación, entidad dependiente del Ejecutivo. La planificación tiene tanta fuerza en el proyecto constitucional, que el Presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional (Congreso) sin autorización de la Corte Constitucional, si a su juicio,  los diputados obstruyen la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

De modo que es más importante, en términos políticos, el Plan de Desarrollo que no se consulta a la población, que el Congreso que proviene de elección popular. Cierto es que la disolución del Parlamento provoca la llamada “muerte cruzada”, es decir la conclusión del período presidencial, pero mientras la nueva elección ocurra, el Presidente puede legislar por decreto, inspirándose en las propuestas de la planificación, lo que le coloca al jefe del Ejecutivo en posición definitivamente ventajosa sobre la legislatura, cuyas funciones, en cambio, concluyen ipso facto. Además, es obvio entender que la sola amenaza de disolución hará que los legisladores adhieren a las políticas presidenciales, para evitar irse a casa.

Anuncios

Comentarios

Aún no hay comentarios.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Categorías

A %d blogueros les gusta esto: