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José Samaniego Ponce

Un megaestado

Por José Samaniego Ponce

Habrá realizado el Ejecutivo un cálculo, aunque sea aproximado, del costo que tendrá para el Estado cumplir y sostener en el tiempo la nueva Constitución, si esta es aprobada? ¿Habrán pensado los asambleístas que una determinada organización del Estado (de la forma que se plantea en el proyecto de Constitución) requiere un volumen de gasto mucho mayor que debe ser sostenido en el tiempo? Seguramente que ninguno de los citados hizo el ejercicio porque conforme se profundiza en la lectura del texto de la carta fundamental presentado al país, las cifras crecen a niveles difíciles de imaginar.

La dimensión del Estado que se plantea en el proyecto de Constitución es sustancialmente mayor al actual, porque se le asignan muchísimas funciones adicionales de diseño, gestión y control en las áreas propias de la gestión gubernamental como la organización política, la justicia, la elaboración de leyes, la seguridad interna, la defensa de la soberanía, la protección del medio ambiente, el desarrollo económico y los otros servicios tradicionalmente asignados al Estado para su provisión.

Pero el proyecto, en su estilo generalista, vago, impreciso y declarativo, introduce una infinidad de derechos que se agrupan en el Capítulo Segundo: “Derechos del buen vivir”, que van desde el derecho al agua, al ambiente sano, a la comunicación, a la creación de medios de comunicación social, a la cultura, a la ciencia, a la educación, al hábitat, a la vivienda, a la salud, al trabajo, a la seguridad social universal, los derechos de los grupos de atención prioritaria, de los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, de las comunidades, pueblos y nacionalidades, etc., etc., cuyo cumplimiento responsabiliza al Estado. Por ejemplo, ¿se habrá cuantificado el costo para el Estado de garantizar el derecho a la seguridad social a las madres de familia “que realizan un trabajo no remunerado en los hogares”; o el de garantizar la provisión de un trabajo remunerado a las personas de la tercera edad? Eso sin contar con las obligaciones tributarias y fiscales para asegurar la soberanía alimentaria y energética.

Además, la aplicación de la Constitución, en caso de que llegue a aplicarse, requiere la creación de nuevas entidades y oficinas de control público, que demandará una expansión sin precedentes en el aparato estatal, eso sin contar con los recursos que el Estado decida invertir en el sector productivo o en la provisión de servicios para los que está facultado en la Constitución propuesta.

Mientras la coyuntura internacional siga siendo favorable para el Estado, en especial en tanto el precio del petróleo siga en niveles históricamente altos, el crecimiento del gasto público (de por sí ya alto en 2008) puede sostenerse; pero esto no es, de ninguna manera sostenible en el largo plazo, conforme se siguen acumulando obligaciones sin la contrapartida de nuevos ingresos. Si se quería elaborar una Constitución que dure más de 100 años, se debía pensar no solamente en su legitimidad política de corto plazo, sino también en su sustentabilidad económica en el largo plazo.

E-mail: samaniego@hoy.com.ec

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