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Omar Ospina

El modelo económico

Columnista
pospina@telegrafo.com.ec

La nueva Constitución introduce notables cambios en el modelo económico vigente. Conceptualmente, se nota en el proyecto de nueva Constitución una lucha tenaz contra las usuales reducciones económicas de la noción de desarrollo. Allí donde la Constitución de 1998 habla de “eficiencia”, “competitividad” y “calidad”, el proyecto de nueva Constitución insiste en la soberanía alimentaria (“soberanía”, no “seguridad”, es decir, producción de alimentos en el propio territorio), en la solidaridad, en la justicia social y en la multiplicidad de dimensiones humanas del desarrollo. Allí donde era un objetivo permanente de la economía “mantener los equilibrios macroeconómicos”, la nueva Constitución plantea que es un objetivo de las políticas económicas “mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza”. Es ampliamente conocido que la frase que intenta resumir esa nueva versión del objetivo de la sociedad es el “buen vivir” o, más precisamente, el sumak kawsay, expresión quichua que incluye simultáneamente las nociones de “belleza”, “armonía” y “equilibrio”.

“La nueva Constitución introduce notables cambios en el modelo económico…”

La nueva Constitución tiene un lugar para el mercado; pero ese lugar no es el de definir el carácter y el sentido de la economía. El mercado es un mecanismo para regular y organizar el funcionamiento del sistema económico junto con el Estado y la sociedad. Por eso, el sistema económico no es “de mercado” de la misma forma que no es “estatal” porque las herramientas de manejo de la economía no deben confundirse con sus objetivos, su sentido y su definición.

Pero los cambios no son solo conceptuales. Estas nuevas concepciones tienen implicaciones operativas. Si la Constitución de 1998 puede legítimamente considerarse una puerta abierta a las políticas neoliberales de privatización de servicios y bienes públicos, el proyecto de Constitución de 2008 refuerza la autoridad del Estado sobre la economía, vuelve a crear las “áreas estratégicas de la economía” bajo control exclusivo del Estado y define candados contra la privatización de recursos clave como el agua o el petróleo. El famoso artículo 247 de la Constitución de 1998 permitía que los bienes de propiedad exclusiva e inalienable del Estado fueran administrados por empresas privadas. La nueva Constitución habla, para las áreas estratégicas de la economía, de una administración directa del Estado o mediante empresas mixtas con mayoría estatal. Sólo hay una puerta abierta a la privatización: en el artículo 316 se dice textualmente que “el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades [de los sectores estratégicos], en los casos que establezca la ley”. ¿Era necesario dejar abierta esa puerta? No lo creo. Pero no se puede negar que junto a los innegables e importantes avances en desmontar el modelo de despojo y saqueo del que pugnamos por salir, la nueva Constitución hace más de un compromiso con el pasado.

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