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Erika Silva

Universidad del futuro

Erika Sylva Charvet
Columnista
esylva@telegrafo.com.ec

De cara a la Conferencia Mundial de Educación Superior (París, 2009), expertos/as de la sección latinoamericana y caribeña de la UNESCO han formulado las tendencias hacia las que debe evolucionar la universidad latinoamericana y caribeña en la fase de tránsito hacia la “sociedad del conocimiento” en la que también está inserta la región, en desventaja en relación a los países del Norte. A grosso modo, estas tendencias podrían sintetizarse en los siguientes puntos: un nuevo concepto de universidad, focalizada en la producción y transferencia de conocimientos y tecnología, articulada a una agenda soberana de desarrollo humano sostenible; un nuevo modelo pedagógico orientado a la formación integral, centrado en aprendizajes significativos modernos y en el desarrollo de capacidades para producir conocimientos pertinentes; una política de investigación definida en base a líneas estratégicas articuladas a las prioridades regionales; un nuevo modelo de vinculación con la comunidad, más proactivo y articulado al desarrollo local; institucionalización del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior como política de Estado; y fomento del intercambio y cooperación regional entre los actores de la educación superior.

“Importantes autoridades aún defienden las actuales estructuras de poder…”

Es grato constatar que las nuevas políticas hacia la educación superior  consensuadas en varias mesas de concertación organizadas por la SENPLADES de cara al proceso constituyente y recogidas en el articulado aprobado por las mesas 1 y 7 de la Asamblea Constituyente, responden a esas nuevas tendencias.

Un concepto de educación superior como bien público y derecho de todos/as; una política basada en seis principios (igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, soberanía, integralidad y autonomía); una propuesta de transformación radical del sistema que contribuya al desarrollo integral del ser humano y sea consistente con las necesidades del país; una consolidación del sistema de aseguramiento de la calidad, son algunas de las nuevas políticas que podrán hacer posible la construcción de la universidad ecuatoriana del futuro.

Empero, no todo depende de una nueva política; depende sobre todo de la disposición de los actores de la educación superior a materializarla. Y es penoso constatar que importantes autoridades los resisten, defendiendo las actuales estructuras de poder y el modo de funcionamiento complaciente de las IES, no ajenas a su profunda crisis. Es inadmisible, por ejemplo, que propongan la acreditación voluntaria, lo que significa no querer asumir las consecuencias de la evaluación, propuesta a contracorriente de las tendencias actuales de creciente exigencia de calidad educativa. Esta coyuntura ha evidenciado la necesidad de una transformación radical del liderazgo de las universidades capaz de materializar su cambio indispensable, sin el cual el país no logrará el desarrollo soberano, nacional, democrático y sostenible que hoy se propone.

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