Sacar lecciones de la crisis

Manuel Chiriboga

A confesión de parte, relevo de prueba dice el aforismo. El ministro de Coordinación de la Política Económica, Diego Borja, ha señalado que el país no ha contado con políticas comerciales, ni productivas, señalando esto como uno de los déficits de la política del Gobierno. Esto es algo en que hemos insistido en esta columna, desde hace varios meses. Es que si un país no cuenta con una canasta diversificada de productos y mercados, con cada vez mayor valor agregado en nuestras exportaciones, especialmente en un país abierto y dolarizado como el nuestro, nos volvemos vulnerables a lo que acontezca con nuestro producto principal. Se derrumbó el precio del petróleo y hubo un efecto dominó. Las consecuencias están allí: restricción de importaciones vía cupos y aumento de aranceles. No quedó otra, las alternativas eran nulas.

Era indudable desde ya varios meses que tendríamos déficit en la balanza comercial y muy posiblemente en la balanza de pagos. Hubo un emborrachamiento con el petróleo y sus altos precios, que se pensaba subirían por años y años, volviendo apenas complementarias las exportaciones no petroleras. Necesitamos de un poderoso sector exportador para sostener nuestra economía, con una amplia base social y productiva, cuidado y protegido por el Estado. Esto no es contradictorio, con el desarrollo del mercado interno, por el contrario, los dos se refuerzan.
Durante lo que va del Gobierno el sector exportador no petrolero ecuatoriano ha sido descuidado en varios frentes: no ha habido un norte preciso en negociaciones comerciales con nuestros tradicionales socios comerciales, ni con aquellos potenciales. Por el contrario, hasta hoy en día seguimos dependiendo de prórrogas a sistemas de preferencias arancelarias unilaterales, conseguidas por el empeño de los sectores privados y de nuestros embajadores. Negociaciones terminadas más allá de la de Chile no se han dado y no aparece ninguna en el horizonte inmediato. Tampoco podemos decir que el país ha emprendido una poderosa estrategia de promoción de nuestras exportaciones, con misiones comerciales, rondas de negocios o búsqueda de negocios conjuntos. Todavía en este campo no hemos pasado de visitas presidenciales y ministeriales que han abierto puertas es cierto, pero no han tenido seguimiento mayor. Las oficinas comerciales anunciadas, una buena idea, todavía no arrancan.

Tampoco queda claro qué es lo que busca el país en su política de desarrollo productivo, tanto en el campo industrial como en lo agropecuario, agroindustrial y pesquero. El Gobierno tuvo una iniciativa importante, las apuestas productivas, pero ha pasado más de un año desde cuando el Presidente informó sobre ello y todavía no se ven pasos concretos.

Tampoco terminan de estructurarse políticas sectoriales productivas en lo industrial, ni en lo agropecuario. Sabemos que la intención es ampliar el tejido productivo, poner énfasis en las pequeñas y medianas empresas, mejorar la relación entre investigación y desarrollo, pero no queda claro cuáles son los motores de ese desarrollo y cómo se lo va a lograr. ¿A qué le apostamos digamos en 20 años? ¿A una agroindustria limpia basada en biotecnología de alto rendimiento y sostenible? ¿A una industria electrónica o química? ¿A ser un centro de servicios en lo informático y de consultoría?

Asumamos en serio esta idea central para el país: hacer la transición hacia una economía post extractiva en lo petrolero y minero. Veamos por encima de la superficie para ver nuestras potencialidades reales. Y lograr un desarrollo sostenible y duradero.

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Previsiones para el 2009

Manuel Chiriboga, El Universo

¿Cuáles serán las características del año que comienza? ¿Qué tipo de conflictos lo marcarán? 2009 será el más difícil de la presente década y prueba de fuego para el presidente Correa. Hasta ahora gobernó sin preocupaciones fiscales importantes y sin mayores conflictos. No me cabe duda que será reelegido en abril, pero su capacidad de gobernar se complicará. A mi juicio serán dos los grandes ejes de conflictividad que marcarán el año: aquellos emanados de la crisis económica; y, los que surgirán del sentido del cambio más estructural en algunas de las nuevas leyes que manda la Constitución.

En lo que hace a la crisis económica, es posible pensar dos tipos de consecuencias: las que resultarán de la crisis económica propiamente dicha y sus efectos sobre los ingresos y el consumo de los hogares. Me explico: la menor demanda por nuestras exportaciones, el encarecimiento de las importaciones, por razones principalmente de financiamiento externo y la menor inversión pública presionarán hacia abajo la economía, con consecuencias sobre el empleo y los ingresos de las familias. A ello se añadirá el impacto de la reducción de las remesas sobre las numerosas familias que dependen de ellas. Seguramente eso significará presiones sociales hacia el Gobierno por mejoras en salarios y transferencias. El Gobierno para contrarrestar estas presiones mantendrá sus programas de transferencias de ingresos a los hogares más pobres, pero eventualmente deberá ampliar la base social del Bono de Desarrollo Humano. Requerirá para ello mejorar sus ingresos fiscales, para lo que acudirá a endeudamiento interno, mientras espera el aumento del precio del petróleo. Le resultará difícil sin embargo, responder a las demandas de las organizaciones sindicales y del magisterio y su base de trabajadores públicos por aumentos salariales por encima de lo anunciado.

También es previsible que surjan conflictos en torno a la distribución de los recursos fiscales entre el gobierno central y los seccionales. La profundidad de esta tensión dependerá de cómo le va a Alianza PAIS en las elecciones municipales. Sin embargo, los nuevos alcaldes y prefectos deberán equilibrar sus lealtades nacionales con cierta capacidad de responder a las expectativas ciudadanas locales.

El segundo eje de conflictos emanará de algunas de las leyes fundamentales que deberán aprobarse como parte de las obligaciones constitucionales y que marcan entendimientos diferentes sobre el sentido del cambio. Estas leyes son principalmente tres: Minera, de Aguas y de Soberanía Alimentaria. No son temas menores, dadas diferencias en comprensión sobre lo que deben incluir y regular. En el primer caso, mientras el Gobierno busca mayor control estatal sobre la actividad y aumento del canon minero, los movimientos sociales se oponen a la gran minería, especialmente de cielo abierto y priorizan la pequeña minería. En la de aguas, la diferencia está entre control estatal y redistribución de la misma hacia los campesinos y en la de soberanía alimentaria la diferencia radica entre autonomía gubernamental para definir políticas relacionadas a lo alimentario y autosuficiencia con relación a los mercados internacionales, prioridad a la producción campesina y reforma de la tierra. Estos conflictos se expresarán en carreteras y espacios públicos.

El Gobierno deberá en este contexto, lleno de tensiones, priorizar su capacidad pedagógica, fortalecer el diálogo con todos los sectores, sin sucumbir a la tentación de gobernar sobre la base de concesiones a todos los sectores, fórmula tradicional de debilitamiento de la gobernabilidad e impedir que estos conflictos se unan.

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Crisis internacional y respuestas

Por Manuel Chiriboga, El Universo

La crisis financiera que vive el mundo es la más grande en los últimos 40 años y hay quien la compara al crac financiero de 1929. Estamos inmersos en ella y la montaña rusa de las bolsas de valores no parece haber terminado: a un día frenético de bajas le sucede otro de alzas. No se ha topado fondo todavía. Se trata de una crisis global y de carácter sistémico. 

Las cifras de desempleo alcanzan porcentajes no vistos hace mucho tiempo (6,1% en Estados Unidos, 11,3% en España) y la demanda para materias primas y  commodities  se reflejan en precios que se derrumban. Las previsiones de contracción económica del gurú financiero Nouriel Roubini son de 18 a 24 meses. En pocas palabras, crisis al menos hasta mediados del 2010.

Las razones ya las conocemos: la desregulación impulsada por Greenspan y el gobierno de Bush  por medio de bajas tasas de interés, el agresivo endeudamiento de los hogares americanos y el  laissez-faire  de los bancos de inversión. El resultado último fue el reventón de la burbuja especulativa provocada por el comportamiento en manada de los agentes financieros cuando se evidenció la crisis inmobiliaria.

Los efectos de la crisis ya desembarcaron en nuestro país: las remesas bajan, el precio del petróleo se derrumba (menos de la mitad de su precio en mayo del 2008), la demanda para algunas de nuestras exportaciones se reduce y las inversiones públicas y privadas en el exterior pierden valor. A diferencia de 1929, en que la crisis llegó con retardo, en barco o por telégrafo, hoy lo hace  on-line.  Esto no solo nos afecta, impacta en los lugares más remotos y aislados del mundo, como lo demostró la quiebra de los tres principales bancos de Islandia, esa isla en los confines del Atlántico norte, más conocida por sus volcanes y glaciares  que por su gran actividad económica.

Lo insólito de esta crisis es que el sistema internacional de respuesta refleja la estructura de poder de mediados del siglo pasado. Las reuniones para coordinar políticas se hicieron en el marco del G-7, el club de los países más ricos del mundo y de las asambleas del BID y el Banco Mundial, cuyos directorios son dominados por los países del Norte. Son instituciones que no reflejan las realidades económicas mundiales, ni un sentido de proporción y equidad, entre quienes provocaron la crisis y quienes la sufren. Como expresó el gran líder brasileño Lula, en una reunión con los jefes de gobierno de India y África del Sur: “Es inadmisible que vayamos a pagar por las irresponsabilidades de especuladores que transformaron el mundo en un gran casino al mismo tiempo que nos daban lecciones de cómo gobernar nuestros países”. Con  base en ello reclamó una nueva arquitectura financiera internacional más justa y acorde con los tiempos.

Es inadmisible que el FMI funcione exclusivamente como mecanismo de vigilancia de los países del Sur y no lo haga con la misma severidad a los países del Norte. Tampoco es admisible que se excluya de la definición de los mecanismos de respuesta a países como China, India, Brasil o Rusia, cuya representación en los derechos de voto en el FMI no guarda relación con su peso económico mundial y, en última instancia, que se excluya a cualquier país. Es hora ya de un nuevo acuerdo financiero más justo, dejando atrás al de Bretton Woods de 1944.

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