Gabriela Calderón de Burgos

Gasto público y prosperidad

El Gobierno ha anunciado que utilizará 2.555 millones de dólares para reactivar la economía y reducir el desempleo (9,1%). Tanto los políticos como muchos empresarios parecen estar de acuerdo que una inyección de gasto público tendrá un “efecto multiplicador”: los constructores contratarán a más obreros, los obreros que serán contratados consumirán más y así sucesivamente.

Esto viene de la teoría keynesiana de que por cada dólar extra en gasto público resultará más de un dólar extra en actividad económica. ¿Hay evidencia que respalde esta teoría? El economista de Harvard, Robert Barro, considera que la evidencia empírica disponible no respalda la idea keynesiana del efecto multiplicador y que los programas de estímulo probablemente aumentarán el PIB por una cantidad que no superará el aumento en el gasto público.

Y es que el problema con la teoría de Keynes es que ignora un pequeño detalle: el gobierno no puede inyectar dinero a la economía sin quitárselo. Hay tres fuentes para financiar los aumentos en el gasto público: emisión de moneda, impuestos o deuda y en el caso de Ecuador, gastar el dinero de las empresas estatales. La primera opción suele derivar en alta inflación y como han mostrado varios economistas eminentes, también en alto desempleo.

La segunda opción, aumentar impuestos, implica retirar recursos del sector privado que las empresas hubiesen podido gastar en productos y trabajadores y colocarlo en el sector público. Aquí cabe la pregunta, ¿por qué asumimos que el sector público utilizará de manera más eficiente los recursos?

La tercera opción, endeudarse, significa que todo lo que se gasta hoy se financia con los impuestos que se cobrarán el día de mañana –después de las próximas elecciones–. La cuarta opción resulta en que las empresas estatales sigan siendo una especie de caja chica para el gobierno central, perjudicando la viabilidad de estas.

Nuestro gobierno ha optado por una mezcla de estas fuentes. Repatriar fondos implica aumentar la masa monetaria (opción 1), aumentar el gasto público significa que tarde o temprano habrá un paquetazo (opción 2) y que eventualmente crecerá la deuda (opción 3).

Aumentar el gasto público probablemente solo redistribuirá la riqueza existente, no la aumentará. Hay otras maneras en que el gobierno puede reactivar la economía. Muchos economistas respetados coinciden en que la Gran Depresión de los años treinta nos enseñó que el proteccionismo comercial, la inflexibilidad laboral y el aumento de los impuestos todos fueron factores que contribuyeron a agravar y alargar el estancamiento económico.

Por lo tanto, nuestro Gobierno podría ayudar mucho haciendo totalmente lo contrario: reducir unilateralmente los aranceles, flexibilizar el mercado laboral (por ejemplo, permitiendo la contratación por horas y no subiendo más el salario mínimo), simplificar el pago de impuestos y bajar las tasas tributarias. Eso ayudaría mucho más que un costoso plan de reactivación.

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El S.U.C.R.E.

El Sistema Único de Compensación Regional (S.U.C.R.E.) es la propuesta de los socialistas del siglo XXI para restar la dependencia del dólar.

Según el Presidente, el Sucre funcionaría así: si un importador ecuatoriano compra lubricantes de un exportador venezolano, el exportador recibe el pago del Banco Central de Venezuela en bolívares fuertes. Y si un exportador ecuatoriano de sardinas vende a Venezuela, este exportador recibe el pago “en su moneda nacional”, no en dólares. Al Presidente le faltó explicar que los importadores realizarían sus pagos también en su moneda local, y el banco central de cada país miembro del Sucre registraría acreencias a favor y en contra de cada uno de los otros bancos centrales de los países miembros en sucres. Hasta aquí podemos ver que el Presidente expresa abiertamente el deseo de que Ecuador regrese a una moneda nacional.

Luego de un determinado periodo se compensarían los saldos en sucres, cuyo valor depende de las monedas nacionales de otros países. Por lo tanto, el Sucre sería muy similar a la unidad utilizada entre países miembros del FMI conocida como Derechos Especiales de Giro (DEG). El economista Swaminathan S. Aiyar, del Times of India, explica que el DEG –y, agregaría yo, el Sucre– es una canasta de monedas y no una moneda independiente.

Cuando llegue el momento de que los respectivos bancos se compensen entre ellos los saldos a favor y en contra, van a tener que utilizar las monedas que están dentro de la canasta. Mientras que el deg está compuesto por monedas “duras” es muy probable que el Sucre esté compuesto por monedas que gozan de poca credibilidad y aceptación a nivel mundial. Así que si Venezuela le tiene que compensar a Ecuador $1.000 millones, Ecuador recibirá el equivalente en una mezcla de bolívares fuertes, bolivianos, guaraníes y córdobas que inmediatamente tendrá que intercambiar en el mercado por monedas que sí sean aceptadas en otros países: dólar, euro, libra o yen.

Aiyar explica que como el DEG carece de completa convertibilidad, este es simplemente una línea de crédito y un potencial reclamo sobre las monedas nacionales de otros países. Lo mismo sucedería con el Sucre ya que, según lo que han propuesto Chávez y Cía., solo servirá como un sistema de compensación entre los bancos centrales, quienes al final del día tendrán que recurrir a las monedas de otros países.

Lo que no han dicho los innovadores del siglo XXI es que en los setenta y ochenta Ecuador tuvo convenios de pago con casi todos los países de Latinoamérica e incluso con casi todos los países ex comunistas. Esos convenios no redujeron la dependencia del dólar y desaparecieron poco a poco conforme los ecuatorianos encontraron otras fuentes más favorables de financiamiento.

Volver a los setenta significa devolverle al Banco Central del Ecuador el control sobre el comercio exterior. Cada exportador e importador tendrá que acudir al Central para poder importar y exportar. Con ese poder y bajo el ala del Ejecutivo, el BCE favorecerá a sus amigos y castigará a sus enemigos. Unos tendrán un tipo de cambio favorable para realizar sus importaciones y/o cobrar por sus exportaciones, mientras que otros no.

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La CAN contra el libre mercado

Gabriela Calderón 

En 1991 la CAN estableció la normativa 608 “para la protección y promoción de la libre competencia”, regulación que no hace ni lo primero ni lo segundo. Ahora el ‘Congresillo’ ecuatoriano pretende crear legislación para implementarla a nivel nacional a manera de combatir supuestos monopolios. Esta normativa presume que  libre competencia es cuando el Estado la diseña. Pero la libre competencia solamente es libre si no hay una autoridad o poder que la dictamine.

El mercado perfecto no existe así como tampoco existe la competencia perfecta. Sin embargo, la historia demuestra que el mercado supera al Estado en la satisfacción de las necesidades y planes individuales. Además, en un “libre mercado” las transacciones suelen ser voluntarias. Donde no lo son, entonces se trata de un sistema mixto, mercantilista o socialista.

La legislación antimonopolio ignora la preferencia de los consumidores, es una herramienta más para el abuso de poder y no hace nada por eliminar los monopolios del Estado, que sí tienen verdaderos clientes cautivos. Mientras que más del 80% de los ecuatorianos bebedores de cerveza voluntariamente eligen beber una marca en lugar de otra, todo trabajador del sector formal está obligado a afiliarse al IESS. En el caso anterior tenemos una empresa exitosa que se ha ganado la preferencia de casi todos los consumidores de cerveza en Ecuador (sin necesidad de una ley que obligue a los ecuatorianos a consumir su producto) y una empresa estatal que no satisface las necesidades de sus usuarios y estos tienen que seguirla financiando.

La teoría de los antimonopolistas es que una empresa con una posición  dominante tiene un poder de mercado tan concentrado que puede determinar el precio sin que el consumidor deje de comprar su producto.

Esto ignora la probabilidad de que muchas veces los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto que ellos consideran mejor: por ejemplo, a pesar de que la botella de una marca  determinada de cerveza sea más cara, suele ocurrir que los consumidores la prefieren voluntariamente.

El día lunes el columnista del diario  El Comercio,  Carlos Larreátegui, aseveró que es necesario combatir “las prácticas abusivas” y como ejemplo menciona a la “distribución de alimentos y fármacos” que “nos exigen la tarjeta de afiliación para otorgarnos el privilegio de comprar a precio de mercado”. No obstante, no hay ninguna disposición legal que lo obligue a usted, a mí o al señor Larreátegui a afiliarnos a determinada farmacia así como tampoco nadie nos obliga a afiliarnos a los supermercados. Lo que las tarjetas de afiliación (voluntaria) demuestran es la intensa competencia entre las empresas anteriormente mencionadas por diferenciarse de sus rivales y atraer a más consumidores ofreciendo como beneficio precios más bajos.

Pero el espíritu de la normativa 608 y de las leyes nacionales que lo copien ignoran la soberanía del consumidor y le darían a las autoridades estatales el poder de asignar a distintas empresas porciones del mercado de una gama ilimitada de productos y servicios –a su antojo–. Eso es el mercantilismo latinoamericano: el Estado distribuye las ganancias. No importa lo que quiere el consumidor.

 

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Bismarck + Fannie y Freddie

Gabriela Calderón

En 1889, el canciller alemán Otto von Bismarck creó el primer sistema de reparto para la jubilación de los alemanes. Más de medio siglo después, en 1938, Franklin D. Roosevelt creó Fannie Mae como parte de su New Deal. Fannie Mae debía proveer a los bancos locales dinero del gobierno federal para financiar préstamos hipotecarios aumentando de esta manera la cantidad de propietarios de vivienda y la cantidad de viviendas al alcance de las clases populares. Aunque Fannie Mae fue privatizada por Lyndon Johnson y luego forzada a competir con Freddie Mac, ambas mantuvieron el patrocinio del Estado: estaban exentas de pagar impuestos, no eran supervisadas como otras entidades financieras que participaban en el mercado hipotecario y tenían el respaldo implícito del gobierno federal si sus inversiones fracasaban.

Con Fannie y Freddie, los políticos se hacían populares consiguiendo que aumenten los créditos para vivienda con tasas más bajas y los banqueros tenían un negocio redondo ya que podían arriesgarse realizando inversiones que tenían el respaldo implícito del Estado. Según Gerald O’Driscoll –ex vicepresidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas– ambas entidades “se habían vuelto ejemplos clásicos del ‘capitalismo de compadrazgo’”.

En el 2009 Ecuador ha continuado a la cabeza de la innovación en lo que respecta a políticas disparatadas y ha creado un híbrido entre el sistema de jubilación de Bismarck y Fannie y Freddie: se llama Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Este sistema utilizará los fondos del sistema de reparto para invertir en, entre otras cosas, cartera hipotecaria de la banca privada. No importa que el sistema de Bismarck esté mal concebido, como lo dije la semana pasada, ni que Fannie y Freddie fueran uno de los principales promotores de la burbuja hipotecaria que al reventar generó la actual crisis.

Las inversiones del IESS hasta hoy eran realizadas por su Consejo Directivo –que representaba a los trabajadores, empleadores y Gobierno–; ahora pasarán a ser realizadas por el directorio del nuevo banco, cuyos miembros son elegidos directa o indirectamente por el Presidente.

Toda operación realizada por este “Banco de la Presidencia”, no requiere autorización alguna para efectuar las operaciones de inversión “necesarias para su operación” (la necesidad supongo que la determinará, a su antojo, el directorio seleccionado por el Presidente).

Además, la Ley de Creación del Banco del IESS dice en el artículo 3 que el Gobierno va a invertir en operaciones de redescuento de cartera hipotecaria de las instituciones financieras (privadas o públicas), “evitando riesgo moral”. Yo me pregunto, ¿cómo se evita que los banqueros inviertan sin cuidado cuando hay la garantía implícita de que si toman malas decisiones el Gobierno, con la plata de los afiliados al IESS, asumirá las pérdidas?

En nuestro país el compadrazgo entre los banqueros y el Gobierno, el abuso en el uso de fondos públicos y del IESS, más el riesgo moral debido a garantías implícitas o explícitas por parte del Estado a agentes privados han sido problemas clásicos. El Banco del IESS es más de lo mismo, al cuadrado.

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No hay revolución para los trabajadores

Gabriela Calderón

El lunes el ‘Congresillo’ aprobó una reforma para obligar a cualquier trabajador afiliado a realizar aportes por cinco años más (de 35 a 40 años) para poder cobrar una pensión mínima de 218 dólares mensuales. También se reducía en el 40% la pensión de aquellos afiliados jubilados que ganen más de 768 dólares mensuales y que hayan vuelto a trabajar como empleados. Y se reportó también que ahora el Estado, a través del IESS, se dedicará a comprar la cartera hipotecaria de la banca privada en un intento estatal de promover el crédito para la vivienda (así se originó la debacle del mercado hipotecario en Estados Unidos, pero eso es tema para otro artículo).

Ninguna de estas medidas resolverán el problema de la seguridad social porque no lidian con los males crónicos del sistema: (1) la costumbre de que el seguro social se utilice como caja chica del gobierno de turno; y (2) el futuro de cada trabajador no lo decide él sino los políticos en el poder.

El Gobierno actual se enfrenta a la difícil situación de tener que pagar las cuentas incurridas durante épocas de un barril de petróleo caro con los ingresos de un barril de petróleo barato. En lugar de eliminar el gasto excesivo en propaganda, o el ineficiente subsidio a los combustibles, entre otras cosas, este Gobierno decidió meterle mano a los ahorros de los trabajadores, al igual que gobiernos anteriores.

¿Cómo? Muy sencillo, el directorio del IESS compró entre diciembre y enero 1.249 millones de dólares en bonos del Estado. Esto representa 67% de las inversiones financieras del IESS. Yo quisiera saber, si en consulta popular, los afiliados hubieran optado por invertir tanto en bonos del Estado ecuatoriano.

Lo triste es que a los afiliados nada se les consulta porque en realidad no son dueños de sus ahorros. No eligen en qué se invierten, no tienen la opción o el incentivo de aportar más, tampoco pueden elegir entre varios administradores de fondos de ahorro para jubilación –son clientes cautivos del único administrador, el Estado–. Y como nadie les consulta y los que se consumen el fondo suelen ser gobiernos en una situación fiscal apretada o jubilados que no tienen conexión alguna con el afiliado, no son pocos los trabajadores que hacen fila para cobrar su fondo de reserva cada vez que pueden. Es decir, tenemos un sistema supuestamente de ahorros que más bien fomenta el consumo.

Lo más triste es que no hay una sola voz en el ‘Congresillo’ que salga a defender el derecho de los trabajadores a ser dueños de sus ahorros.

La revolución para los trabajadores sería que se les permita tener una libretita de ahorros con nombre y apellido y que ellos decidan quién se las administra y en qué invierten. Para eso habría que eliminar el monopolio de la seguridad social estatal y permitirles a los ciudadanos la libertad para elegir entre la seguridad social del Estado o aquella ofrecida por entidades privadas. Esto ya ha sido implementado exitosamente en países latinoamericanos como Chile, El Salvador, Perú, entre otros. Pero los trabajadores ecuatorianos tendrán que seguir esperando su revolución y seguir recibiendo dádivas de los que administren el Estado.

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El Subsidio a los Combustibles

Gabriela Calderón

En tiempos de crisis hasta los gobiernos socialistas del siglo XXI se ven obligados a cortar gastos. Podrían empezar eliminando el costoso e ineficiente subsidio a los combustibles ahora que el diferencial entre el precio internacional y nacional está en su punto más bajo desde 2005.

Según un informe realizado por Felipe Hurtado, investigador de Cordes, entre enero de 2005 y agosto de 2008 “el monto de subsidio a los combustibles (10.804 millones de dólares) supera en 65% todo el gasto en educación y salud del Gobierno central que alcanzó los 6.548 millones de dólares”.

Hurtado calcula que entre enero de 2005 y agosto de 2008 el precio del petróleo aumentó el 150%. En Ecuador este se ha mantenido congelado desde 2003. Así que, por ejemplo, mientras que el galón de diésel alcanzó un precio internacional de 4,02 dólares, en nuestro país se siguió vendiendo a 0,80 dólares. La diferencia más alta, de 3,28 dólares, se dio en julio de 2008 y la asumió el Estado (275 millones de dólares).

Los subsidios no solo han derivado en un aumento del gasto público sino que incentivaron el consumo de combustibles cuando las señales de los precios a nivel internacional nos hubieran inducido a hacer todo lo contrario. Hurtado calcula que los ecuatorianos aumentaron el consumo de gasolina Súper en el 55%, gasolina Extra en el 32%, diésel en el 16% y gas doméstico en el 25%. Mientras que fuera de Ecuador, por ejemplo, en Colombia y en Perú, industrias enteras buscaron la manera de economizar en el uso de combustibles (más producción por cada unidad de combustible utilizada), en Ecuador el precio controlado de los combustibles ha resultado en que muchos de nuestros empresarios se “duerman en los laureles” del combustible subsidiado.

Los subsidios no le confieren dignidad al ciudadano subsidiado. Se la restan al convertirlo en un dependiente del Estado. En cambio, las oportunidades de creación de riqueza para que el ciudadano se convierta lo suficientemente rico como para dejar de requerir subsidios, sí lo hacen.

Ahora que el diferencial entre el precio local (controlado) y el internacional está en su punto más bajo desde 2005, se presenta el escenario ideal para eliminar el subsidio a los combustibles. El costo político de hacerlo es menor cuando el monto que tendrá que asumir cada consumido r es menor. Para reducir aún más el costo político se podría aumentar el Bono de Desarrollo Humano para compensar a los más necesitados temporalmente por el aumento en el precio del gas doméstico.

Qué distintas fueran las cosas si esos miles de millones hubiesen sido invertidos, por ejemplo, en carreteras para conectar a las zonas más aisladas del país a los puertos principales o si ese dinero hubiese sido ahorrado para mantener el gasto social en épocas de un barril de petróleo barato. Pero todo se lo gastaron este y gobiernos anteriores en un intento de mantener su popularidad.

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Nace una casta política

Gabriela Calderón

Entre 1959 y 1961 se creó en Cuba una casta política liderada por Fidel Castro. Detrás de un sueño de crear una sociedad igualitaria vino la realidad orwelliana de que aunque en esa isla todos son iguales, algunos resultaron ser más iguales que otros.

Hasta el domingo pasado, Cuba era el único país en el hemisferio Occidental que permitía la “reelección” ilimitada. Todos aquellos cubanos jóvenes que luego de la caída de Batista soñaron con participar en la política o en el servicio público solo podían hacerlo si comulgaban con el credo revolucionario.

A los 50 años de la revolución cubana, un discípulo de Castro concretó el domingo 15 de febrero de 2009 una nueva casta política en Venezuela. La diferencia, muy reveladora, entre el método de Castro y su discípulo, Hugo Chávez, es que el segundo lo hizo a través de las urnas y proponiéndole a los venezolanos –sin sonrojarse– que quería gobernar “hasta el 2021 o hasta que Dios diga y el pueblo mande”. En un país donde el oficialismo se ha valido de la infraestructura, recursos y poder del Estado para inducir el voto a su favor y reprimir a la disidencia, esto sí representa una mayor erosión de la libertad política.

Hasta ahí llega lo negativo. El resultado electoral de este último domingo representa la victoria más grande –en números– para la oposición venezolana en los últimos diez años, según El Universal. Mientras escribo este artículo, este diario reporta que con 99,5% de las actas escrutadas 54,85% votaron por el ‘Sí’ a la reelección indefinida mientras que 45,14% votaron por el ‘No’. De manera más gráfica, esto significa que 6,3 millones de venezolanos están reñidos con 5,2 millones de sus compatriotas.

Luis Vicente León, director de Datanálisis, resalta que la oposición “logró mostrarse completa y es muy grande para que le sigan llamando escuálida”, como la suele descalificar Chávez. León agregó que el rechazo a la reelección ilimitada se “autoimpulsó” ya que todavía no aparecen liderazgos claros dentro de la oposición y el oficialismo se valió del voto inducido.

Pese a que el oficialismo alcanzó una ventaja de más de un millón de votos, la socióloga Maryclen Stelling dijo al periódico Tal Cual que Chávez cada vez se verá más obligado a dialogar con la oposición. “Tenemos la necesidad de oírnos”.

Y hay una porción no despreciable de líderes jóvenes que lo saben y no están dispuestos a aceptar reglas de juego que vulneren la democracia. Yon Goicoechea, abogado y ex líder estudiantil, en un editorial para El Universal dijo que “Es inaceptable que conviertan la política en un cuarto sin ventilación, en el que nada entre y nada salga”. Cuando le dije que sentía mucho el retroceso que había sufrido la democracia en su país, me contestó: “De todas maneras pienso que nos espera un futuro mejor. Esta es una carrera de resistencia no de velocidad”.

Espero que lo sepan y lo sientan así muchos venezolanos, particularmente aquellos que aman la libertad y tendrán que luchar para restaurar la democracia y las libertades perdidas en su país.

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Latinoamericanización de Washington

En 2008-2009 el mundo parece haber dado un cambio de 180 grados. Hoy, Washington encaja perfectamente en el estereotipo del país latinoamericano: (1) gasta más de lo que tiene y (2) aquellos en el poder pueden redistribuir riquezas a sus amigotes –en una fiel imitación de la tradición mercantilista latinoamericana–.

A lo primero, William Niskanen del Cato Institute lo ha denominado como “abuso fiscal de niños”, puesto que lo que se está haciendo es dejarles como herencia un trillón más de deuda a los hijos y nietos de los actuales contribuyentes estadounidenses. Personas que ni siquiera han nacido tendrán que aguantar la resaca de la fiesta de gasto que se está dando hoy en Washington.

Lo segundo es verdaderamente preocupante. La Tesorería de Estados Unidos recibió el año pasado un poder sin precedentes en ese país: gastar, a libre discreción, un fondo de aproximadamente 700.000 millones de dólares para librar de activos en problemas a instituciones privadas “en problemas” por haber comprado esos activos (esto es algo similar, aunque no tan brutal, como lo que se hizo en nuestro país cuando se le endosaron todas las pérdidas de la banca privada a todos los contribuyentes ecuatorianos). Como ese paquete no resolvió nada, ahora está prácticamente aprobado un nuevo paquete “de estímulo” de 800.000 millones de dólares. Decía Albert Einstein que esperar resultados distintos mientras que uno hace lo mismo es un síntoma de locura…

Pero dice el presidente Obama que hay un consenso de que hay que incrementar considerablemente el gasto público para salir de la crisis. Tal consenso es una ficción puesto que hace un par de semanas más de 200 economistas, incluyendo varios premios Nobel, firmaron un anuncio que apareció en el The New York Times y el Washington Post, entre otros periódicos, declarando que “El aumento en el gasto público por parte de los gobiernos de Hoover y Roosevelt no sacó a la economía estadounidense de la Gran Depresión en la década de 1930. Más gasto público no resolvió la ‘década perdida’ de Japón en los noventa”.

Detrás del apoyo político a un rol más activo por parte del gobierno yace la ansiedad de “¡hacer algo!” o ser vistos haciendo algo. Esta ansiedad une a políticos tan variopintas como Chávez, Correa, Bush y Obama. Los keynesianos sostenían que había una relación negativa entre la inflación y el desempleo: a mayor inflación, menor desempleo y viceversa. Se pensaba que los políticos y funcionarios hábiles podían inyectar dinero, generando inflación y de esa manera reducir periódicamente los salarios reales de los trabajadores sin que estos se den cuenta.

Era (y es) la teoría ideal para aquellos políticos ansiosos de ser vistos haciendo algo (y de conseguir más poder para hacerlo). Pero el dominio de esta teoría se acabó en los setenta cuando un creciente gasto público derivó en altos déficits y una política monetaria expansionista derivó en una alta tasa de inflación. Ese intervencionismo estatal resultó en una alta tasa de desempleo. Pensar que la misma política de aumentar el gasto público ahora tendrá resultados distintos es un ejercicio de fe. Muy parecido a los repetidos ejercicios de fe en nuestra empobrecida región.

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Que las monedas compitan

Gabriela Calderón

Para defender los derechos de propiedad de cada ecuatoriano no es necesario defender la dolarización ni mucho menos abogar por una moneda regional o nacional. Es necesario enmendar el artículo 303 de la Constitución para que esta diga algo parecido al artículo 259 de la Constitución panameña actual: “No habrá en la República papel moneda de curso forzoso”. Es decir, promover la libertad de cada ciudadano para elegir la moneda en la que quiere realizar sus transacciones.

La propuesta es esencialmente distinta a aquella de emitir una moneda nacional o la de mantener al dólar como moneda oficial. Esta propuesta consiste en no tener moneda oficial, ya que son malos los monopolios creados por la ley.

Muchos añoran una moneda propia. Extrañan el poder de devaluar (o, en otras palabras, el poder de pasarle la cuenta a todos los ecuatorianos del gasto excesivo del Gobierno o de la falta de competitividad del sector empresarial) y una soberanía nacional en lo monetario (o, la falta de soberanía individual para decidir en qué moneda queremos recibir nuestro salario y tener nuestros ahorros).

Por lo tanto, sugiero que el Gobierno emita su propia moneda, que se llame el correa (aprovechando la popularidad de nuestro Presidente), y que cada ciudadano elija entre el correa y las demás monedas que existen en el mundo. Cada ecuatoriano, sin importar su ingreso, color de piel y preparación académica podrá elegir en qué moneda hacer sus transacciones. Si quisiera realizar una transacción con una persona que prefiere otra moneda pues tendría que ver qué tanto quiere hacer negocios con la persona que cobra en yenes versus la otra que cobra en dólares o euros. Lo que sucederá es que espontáneamente una moneda será la preferida sin que haya alguna ley que lo decrete.

El Gobierno puede decidir pagar todas sus cuentas en correas para influenciar el mercado a favor de su moneda ya que tiene un peso sobredimensionado en la economía. Lo que sucede es que el correa se enfrentará a la competencia de otras monedas y creo que le será difícil conseguir suficientes empleados públicos que acepten recibir pagos en los patrióticos pero devaluables correas. Y aún si el Gobierno se niega a pagar en otra moneda, a pocos pasos de Carondelet seguramente los trabajadores públicos encontrarán una casa de cambios donde podrán deshacerse de ellos, si así lo quieren. Digo porque una moneda nacional es tan buena que seguramente todos voluntariamente la aceptaremos. ¿O no?

Lo importante es que el correa logre atraer a suficientes usuarios, sin ser de uso obligatorio. Para atraer a más usuarios el correa tendrá la difícil tarea de mantener su valor a través del tiempo (es decir, no devaluar). Al Gobierno se le hará difícil construir confianza en su moneda luego del triste récord de nuestro primer experimento con una moneda nacional. También es importante que el correa compita con las demás monedas y demuestre que supera a las demás como medio de cambio universal, depósito de valor y unidad de cuenta. Si es tan bueno el correa, los ciudadanos lo elegiremos voluntariamente, ¿o este Gobierno no cree en la voluntad popular?

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El mercantilismo sigue vivo

Gabriela Calderón

El abogado peruano Enrique Ghersi nos dijo esta semana a un grupo de jóvenes que “América Latina vive en una economía mercantilista desde la época de la colonia”. Según Eli Hecksher –uno de los principales historiadores del mercantilismo– en este sistema hay propiedad privada sin competencia en el mercado económico, pero sí en el mercado político.

A diferencia del mercantilismo, Hecksher dice que en la economía de mercado además de propiedad privada hay competencia. Este es el “capitalismo democrático” ya que todos los que participan gozan de igualdad ante la ley en su búsqueda del voto/favor de la mayor cantidad posible de consumidores.

En el sistema mercantilista, como el ecuatoriano, un selecto grupo de empresarios suele reunirse con quien representa al poder público del Estado ecuatoriano para negociar a qué productos se les incrementa el arancel. Si la negociación es exitosa, preocúpese. Significa que tanto aquel que administra lo público como el empresario salen ganando a expensas suya, porque el administrador público gana más poder, el empresario gana un mercado cautivo y a usted le redujeron su oportunidad de comprar un producto mejor y probablemente más barato.

Cuando un funcionario público concede contratos públicos a dedo, eso es mercantilismo. No lo confunda con el socialismo ni con el capitalismo. Se trata de transacciones en las que el empresario no compitió para ofrecer el mejor servicio al mejor precio, sino para obtener un contrato con el poder público. Cuando el Estado es dueño del subsuelo y luego se da una bonanza petrolera no es pura casualidad que surjan caudillos nacionalistas como los que han surgido en Sudamérica a principios de este siglo.

Una economía abierta en la que el Estado (y aquellos que lo administran) casi no tiene poder por sobre las decisiones económicas de cada individuo, amenaza la supervivencia de este sistema. Ese sistema, mas no la combinación exitosa de la economía de mercado con la democracia liberal, es lo que los latinoamericanos hemos rechazado. Lo hemos rechazado tanto que hemos llegado a dudar inclusive de la democracia, permitiendo la concentración de poder que se ha dado en Venezuela, Bolivia y nuestro país.

No hay nada más conservador y ensayado en América Latina que concederle el poder a un individuo (y sus compinches) para dar y quitar privilegios a través de las leyes, tal cual monarca, a cada súbdito. Al mismo tiempo, no hay nada más revolucionario que limitar el poder a cualquier individuo que llegue a manejar el Estado y devolvérselo a cada ciudadano.

Ghersi dijo que la propiedad estatal del subsuelo es una muestra de que el mercantilismo sigue vivo. ¿Qué ocurriría con la estructura de poder en nuestros países si la propiedad del subsuelo fuera de los propietarios de la superficie, que en el caso de los yacimientos minerales de los Andes, serían seguramente las comunidades indígenas? Pensándolo así, es verdaderamente sorprendente que los (supuestos) representantes políticos y movimientos (supuestamente) defensores de los intereses de los indígenas no hayan demandado derechos de propiedad del subsuelo para sus defendidos.

Lamentablemente, hemos elegido ser gobernados por conservadores disfrazados de revolucionarios.

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